Desde hace algunos cuantos años, se habla del Gobierno Electrónico para denotar la progresiva incorporación de herramientas de TICs al ejercicio de actividades fundamentalmente administrativas inherentes al ejercicio del Gobierno.
Seguramente hay y habrá otras definiciones más grandes o más chicas de gobierno electrónico, pero creo que esta nos sirve para avanzar en lo que quisiera mostrar en este post y es que aquello que expuse una vez como la necesidad de una Administración Pública Relacional, que diera cuenta de relaciones más que de procesos y que permitiera abrir nuevos canales de comunicación ciudadano-administración pública, en lugar de encajonar los que ya habían abiertos a su uso sólo a través de herramientas electrónicas es, de cara al ciudadano, más que una necesidad, una urgencia. Esta idea no es propia, pero creo que está bien que se piense así para nuestros contextos.
Es cierto que con la progresiva incorporación de las distintas herramientas TIC al quehacer administrativo-gubernamental, definitivamente se ha posibilitado (en especial en aquellos casos de mayor avance y profundidad) poner un poco de orden en todo aquello que se venía haciendo desde la Administración Pública, en sus distintos niveles de organicidad, y en sus distintos ámbitos territoriales, es decir con las distintas obligaciones legales establecidas por estas instancias.
Es cierto también que esa progresiva y, en ocasiones avasallante, incorporación de herramientas TIC a las actividades administrativas vinculadas al hecho gubernamental, ha traído también el progresivo “enamoramiento” por parte de los ciudadanos y de los gobiernos que se han dado a la tarea, a la búsqueda de que esas herramientas den cuenta de eso que ahora se llama “e-democracia” o “democracia electrónica“, para nombrar eso que ocurre, fundamentalmente, cuando el proceso que desde hace tantos años entendemos como “básico” en una democracia es decir las elecciones, ocurre a través de medios electrónicos o facilitado por éstos.
Sin embargo, hay varias aristas que explorar antes de entrar al meollo del asunto pues, en realidad, las TIC son herramientas facilitadoras, no son el proceso. Luego, siendo herramientas-para-el proceso (administración pública o ejercicio del gobierno), y siendo que no constituyen el proceso, tan sólo lo adjetivan, en cierto modo lo enriquecen (aunque habrá quien diga que también lo envilecen :D) pero, en todo caso, no aportan tanto como para pensar que el proceso en si mismo (administrar, gestionar lo público) haya cambiado.
Siendo que esto es así (“las TIC no son el proceso de gobierno, sino que coadyuvan a su realización”), no es cierto que el gobierno electrónico constituya, como hay quien dice, una forma nueva de hacer gobierno. Ni tampoco ocurre esto con la democracia electrónica. Los gobiernos siguen gestionando y administrando, haciendo políticas públicas, y los ciudadanos debieran seguir haciendo democracia, aunque ahora tengan nuevas herramientas para ello, tan sólo eso, pero no sólo eso, veamos.
Antes dije que se hablaba de “democracia electrónica” para denotar la circunstancia en la cual la gente puede votar electrónicamente o asistido por TICs. Esto se muestra de ese modo porque, tradicionalmente, el acto privilegiado de toda democracia es el ejercicio del voto. Bien mostró O’Donnell (1992, revista La Política) en su polémico artículo “La otra institucionalización” que, con frecuencia, las democracias occidentales han exhibido esta característica (las elecciones) como una de las principales de cualquier democracia y de su institucionalización, amén de la existencia de instituciones que respalden la existencia misma del régimen democrático.
Esto es importante porque, en realidad, las elecciones son un resultado, un producto, no un proceso en sí mismo, es decir aislado del resto de la democracia, como tanto se nos ha vendido. Aquí quiero situar a las elecciones en un lugar que va más allá de lo que se conoce como “voto castigo”. No es en las elecciones donde se debe poner el foco del análisis de las democracias, pues son el resultado fundamental del proceso neural de toda democracia: la deliberación. De este modo, en realidad el ejercicio del voto es tan sólo uno de los productos del proceso de deliberación y participación ciudadana (a través de referendos, elecciones, plesbiscitos u otros).
Siendo esto así aparecen ahora dos preguntas que considero importantes: ¿si las TIC son una herramienta facilitadora, su aplicación irreflexiva puede atentar contra los resultados obtenidos y contra la democracia? y, quizás más importante ¿debiera atenderse la formación ciudadana para la deliberación, participación y el debate antes de la aplicación de TIC a procesos exclusivamente administrativos o vitales de la democracia?
Ciertamente conocer de las buenas experiencias de otros países puede ayudar a resolver los problemas. Pero el sólo conocimiento de las buenas prácticas en introducción de TIC a la Administración Pública, no es garantía de que su réplica en contextos distintos sea el buen o el mejor camino para lograr el éxito en lo que se pretende. Saber qué se desea hacer (optimizar procesos, reducir tiempos de espera, ver al ciudadano como cliente, o nutrirse de la participación ciudadana en la definición de los qué y los cómo) añade importantes matices en las opciones de TIC que finalmente se escojan para ser aplicadas. De este modo, es necesario, vital, que en la construcción de la Administración Pública relacional de la que ya tanto se ha dicho, uno de los puntos puestos en la mesa de arranque sea, precisamente, el estudio del contexto y el cuestionamiento sobre la o las tecnologías a utilizar. Ninguna tecnología es inocua. La tecnología en sí misma no lo es. Los administradores lo deberían ver, y ver también que no se trata sólo del ejercicio del gobierno en un mundo globalizado y complejizado, sino que cada uso tecnológico lleva tras de si una concepción de mundo que puede, o no, ser contraria a la concepción de gobierno y sociedad que su aplicación pretende consolidar.
Pero por otro lado, y quizás aquí lo más importante, la formación ciudadana es mucho más garante del pleno desarrollo de las actividades deliberativas de los ciudadanos, que la diseminación a lo largo y ancho de los territorios de puntos de acceso electrónico, el abaratamiento y popularización de los accesos a internet y otras tantas acciones señaladas por la ONU como “vitales” en la reducción de la brecha digital.
La brecha digital no dejará de ser un problema hasta que los ciudadanos no aprendamos a vernos en relación con aquello que realizamos: nuestras comunidades y desde alli nuestra sociedad. Desde luego una idea común de sociedad nos reúne, y viene delineada como aquello que nombramos como máximos ideales a ser defendidos y organizados por parte del Estado. Para llegar a ese estadio de formación (sin pretender que sea este el límite), definitivamente se necesita andar un camino, y desde allí, podría entonces hablarse de un avance hacia el pleno uso de las TIC a procesos democráticos el cual sólo será posible si hay un uso consciente de las mismas.
El mero análisis de buenas prácticas de gobierno electrónico, por otro lado, pareciera ser el resultado, o al menos la muestra, de una segmentación analítica de la sociedad. Y esta segmentación, compartimentación si se quiere, de la sociedad, a ratos se ve como algo más real que analítica, pues conduce, por ejemplo, a pensar que el gobierno electrónico es otro tipo de gobierno , y desde allí, la democracia electrónica es otro tipo de democracia, y el ciudadano electrónico es otro tipo de ciudadano.
Estas perspectivas, amén de ser incompletas, son también ingenuas. Antes hemos dicho que el sistema democrático sustenta su funcionamiento en la deliberación y en la institucionalidad y las instituciones que fundamentan tal proceso. Bien, para que la democracia electrónica se constituya en otro tipo de democracia, debieran desarrollarse otro tipo de instituciones (electrónicas quizás), y ciertamente no hay espacio para ello.
En otras palabras, no estamos en Gátaca, no es el 1984 de Orwell. Por el contrario nosotros como ciudadanos estamos no sólo empeñados en hacernos, haciendo sus comunidades, sino que a ratos, y pese a esos empeños, estamos quizás ahora más excluidos que antes de cuanto ocurre a su alrededor. Los ciudadanos a ratos estamos segmentados, parcelizados, divididos … somos habitantes de una brecha que ha trascendido lo digital para ser también social. Un análisis al uso de internet entre los ciudadanos promedio de buena parte de los países de América Latina da cuenta de ello. El 75% del su uso se orienta al mantenimiento de relaciones personales y/o de negocios.
Esto, sin considerar aspectos socioeconómicos que limitan, por sí mismos, el acceso a las herramientas TIC y a su uso para el desempeño de las actividades gubernamentales. De esta suerte, hablar de ciudadanos electrónicos es hablar también de quienes no lo son porque viven en la brecha sociodigital. Amén de aquellos que viven en la brecha porque, sencillamente, tampoco han sido formados como ciudadanos, lo cual representa un número sensiblemente mayor que los anteriores.
El problema es, de nuevo, de raíz y no de forma. El ciudadano, en escencia y en teoría, es la misma materia con la que se cuenta para la construcción democrática de una sociedad, tanto si se utilizan medios electrónicos o no como herramientas en ese proceso constante y recursivo (de una sociedad que se construye, construyéndose). Seguramente la democracia se ampliará en alcance y magnanimidad hacia los ciudadanos (pues debe formarles), pero en escencia y en teoría, es la misma materia con la que se cuenta allí. El ciudadano debe, por tanto, estar formado endógenamente, hacia dentro, es decir, con plena conciencia del centro que le reúne en comunidad: in-formado, y allí el papel del Estado y las otras instituciones sociales es determinante, vital.
Las TIC son sólo herramientas, y hay que plantearlas en ese contexto, no en uno en que dejen de serlo para ser objetivo y propósito mismo de las democracias de nuestros tiempos.