Del conocimiento público y el uso institucional de internet

Para muchos la disposición de información de las instituciones públicas en internet es suficiente para hablar de “información pública”. Sin embargo, y hablando en términos generales, todo lo disponible desde las páginas web de las instituciones públicas en nuestros países latinoamericanos, se resume en datos de contacto de sus oficinas, datos del personal que labora en cada dependencia -con importantes deficiencias en la actualización-, y noticias sobre su funcionamiento y actividades. En algunos casos, se dispone adicionalmente de información del marco legal, noticias del entorno y una página de enlaces a otras instituciones públicas, pero sigue faltando por una parte la implementación de herramientas que viabilicen la interactividad necesaria entre ciudadano e institución y, por la otra, la transparencia y consistencia necesarias de cara al ciudadano para brindar sitios amigables y útiles.

La falta de información institucional sistematizada y dispuesta vía electrónica puede tener su origen en fallas organizativas estructurales derivadas de la premura y juventud de nuestras instituciones públicas y que apuntan a la carencia de estrategias claras de construcción, asimilación, externalización y acumulación de información institucional como una de sus principales causas. Después de todo, y nuevamente generalizando, somos países muy jóvenes, con instituciones en permanente cambio y con pocas raíces institucionales.

Cierto es que si las instituciones no acumulan de forma sistemática la información que generan y construyen, los procesos de aprendizaje institucional y apertura al ciudadano se ven seriamente comprometidos, pero la tarea de diseñar y aplicar estrategias para generar arraigo institucional con base en la producción institucional de conocimiento parece ser, al menos por ahora, una tarea postergada. En otras palabras, no puede abrirse al ciudadano la información que una institución no genera porque no premia su asimilación y sistematización interna, y si una institución no se abre al ciudadano no puede hablarse tampoco de conocimiento o información públicos.

Sin embargo, una de las primeras preguntas que surgen al pensar en el conocimiento almacenado en las instituciones públicas no es sobre las razones de la falta de información desde las instituciones, sino, mejor con el precario acceso de los ciudadanos -y en ocasiones de las mismas instituciones- a los datos, la información y el conocimiento. Evidentemente, la simple disposición de información no es, por sí misma, indicativo de la existencia de un plan de Gobierno Electrónico o similar -tratar de esto ameritará otro post-, y la simple disposición de documentos electrónicos desde una página web institucional tampoco es sinónimo de un proceso de acceso a información pública, ni de publicidad de la información institucional.

Lo cierto es que la catalogación de un sitio web como un espacio de “libre acceso a la información” amerita, al menos en principio, un ejercicio de ingeniería inversa para dilucidar algunas características que necesitan ser validadas antes de hablar de acceso libre a la información. ¿Son los formatos disponibles desde la web institucional dispuestos de forma ordenada y coherente? ¿Permiten que el usuario los utilice en cualquier plataforma y sistema operativo? ¿Hay limitaciones con respecto a las aplicaciones necesarias en los PCs de los usuarios para ver los documentos disponibles? ¿Están colocados en formatos de código abierto? ¿Quiénes apoyan y con quiénes se vincula la institución en cuestión? ¿El sitio ha sido creado externalizando el servicio de diseño, maquetación y alojamiento? ¿Qué tipo de desarrollos o propuestas ha presentado antes el equipo de diseño? ¿Se permite el acceso al público en todo momento? …. son sólo algunas de las preguntas iniciales que posibilitarían ir conociendo todo cuanto sustenta la visibilidad del portal institucional.

En el año 2007, durante la IX Conferencia de Ministros de Administración Pública y de Reforma del Estado, realizada en Pucón, Chile, se aprobó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la cual fuera ratificada posteriormente por los Jefes de Estado y de Gobierno Latinoamericanos, en su reunión anual el 10 de Noviembre. En dicha declaración se destaca la libertad de formatos utilizados como uno de los principios del Gobierno Electrónico. Este principio se conoce en dicho documento como el Principio de la adecuación tecnológica. Más allá de elementos políticos -que los hay y de mucho peso- me llama poderosamente la atención -me alegra- que el fundamento para la recomendación del uso de estándares abiertos y libres en los portales e información disponibles desde sitios de instituciones públicas en internet, tiene que ver con la necesidad de proteger el conocimiento de la tendencia -atrozmente “natural”- hacia su privatización:

Principio de adecuación tecnológica: las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. En ningún caso este principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su elección en el acceso a las Administraciones Públicas.

Sin embargo y dado que la herramienta de acceso a la administración pública es decisión de los ciudadanos, pareciera también que es tarea de todos la vigilancia sobre el correcto acatamiento de este principio. En torno a este tema, surgen varias consideraciones que de las cuales me permitiré enumerar tan sólo algunas que considero son las de mayor importancia:

1. El entorno importa y mucho. Hace unos años atrás, en plena campaña de las elecciones generales en España, la actriz Aitana Sánchez Gijón presentaba en un teatro madrileño una obra de teatro. Al día del estreno acudieron personas muy conocidas entre ellas el entonces presidente del gobierno español José María Aznar, presidente también por entonces del Partido Popular (PP). De sobra son conocidas las preferencias políticas de la actriz, y al menos para mi, a partir de ese día, también su prudencia. Al finalizar la obra, según recuerdo, un asistente del teatro se desplazó hasta el camerino de la actriz para informarle que el Presidente del Gobierno le había enviado una nota de felicitación y que quería conversar con ella unos momentos para intercambiar sus impresiones al respecto. Muy amablemente la actriz aceptó la nota de felicitación, pero se rehusó a conversar con el Presidente, quizás previendo que podría ser retratada a su lado y que su posición política podría ser puesta en duda al tiempo que ser utilizada toda la confusión para obtener réditos políticos. Para algunos no será más que una simple anécdota, pero creo que sirve para mostrar que no basta con colocar archivos desde una página web institucional, sino que estos estén en formatos de código abierto, ordenados de un modo claro para el ciudadano, actualizados con frecuencia y, al menos en nuestro entorno, generados gracias al uso de herramientas libres. No sólo importa que la foto esté bien tomada, sino quiénes aparecen en la fotografía y qué intereses representan. No garantizamos el acceso público a la información porque colguemos más archivos que otros desde internet, si esos archivos están generados por el uso de herramientas privativas.

1. La presentación es la clave. Muchos ciudadanos llegan a conocer de la existencia de algunas instituciones públicas gracias a su presencia en internet. Ciertamente esto muestra cuán lejos estamos de que internet pueda recuperar su lugar como herramienta que coadyuve a la formación ciudadana, y deje de significar para tantos el fin mismo del proceso de formación de ciudadanos. De esta forma, las páginas institucionales debieran funcionar como espacios que posibiliten el aprendizaje ciudadano con respecto a las instituciones y viceversa.
2. La libertad de acceso debe ser una garantía. Las funcionalidades de los sitios de las instituciones públicas debieran estar disponibles a todos los ciudadanos 24/7 con independencia de los sistemas operativos utilizados, y el intercambio con el usuario en respuesta a sus solicitudes es vital. Ello demanda la existencia de una política clara de acceso público a la información y trámites y, sin duda, es al mismo tiempo una buena forma de medirla.
3. El espacio para la crítica debe ser propiciado. Pese a lo que la razón pareciera indicar, en general los ciudadanos somos poco críticos con respecto a los sitios de las instituciones públicas y a su desempeño en general, y éstas muestran ser poco receptivas en términos de críticas o sugerencias para mejorar su funcionamiento o su visibilidad en internet. Sin embargo, el acceso a la información no está del todo visible en espacios que no aprecian y generan la crítica de sus usuarios posibilitando el seguimiento de las opiniones, sugerencias y críticas allí vertidas.
4. Una cara bonita puede ayudar a algunas cosas, pero no lo es todo. Cuando visitamos un sitio web institucional montado en plataformas libres, a muchos nos causa algo de alegría. Sin embargo en un 80% de los casos -soy optimista-, esa primera impresión se desvanece al comenzar a revisar un poco más profundamente el sitio y comprobar que aún se disponen de docuemtos en formatos privativos o generados con herramientas privativas. Hay la falsa creencia de que el software libre -y en general las herramientas informáticas de código abierto- sólo pueden ser ejecutadas sobre la plataforma que aún predomina el mercado de los sistemas operativos. Sin embargo esto es un mito creado para obstaculizar el tránsito de los usuarios hacia su formación como verdaderos usuarios de computadores y para que dejen su condición de tecladistas. De modo que no sólo se requiere una buena carátula del sitio sino que, además, es fundamental la coherencia interna: los formatos de documentos deben ser dispuestos de manera ordenada y en formatos estándar de código abierto.

Sin lugar a dudas, queda mucho por explorar en el trasfondo de los sitios electrónicos de las instituciones públicas. En este proceso, algo -o mucho- de lo importante se cifra en comprender y reasignar el papel de estas herramientas en los procesos de formación ciudadana y en la articulación de prácticas institucionales en torno a la generación y acumulación interna de conocimiento que redunden, a su vez, en sinergías institucionales y ciudadanas.